INTRODUCCIÓN

Este documento trata sobre la Arquitectura del sector público para el alcance de los ODS y el cumplimiento de la agenda 2030 en Iberoamérica, lo significa un tema de gran interés para toda la población, porque tiene objetivos muy valiosos para tener un mejor mundo y que por ende, se debe de cumplir para el 2030 y que al mismo tiempo ésta necesita una arquitectura en el sector público para que se logren avances.

En este abordaje encontrarán concepto de lo que es arquitectura del sector público, también teorías sobre la agenda 2030, así como, términos y significados nuevos, dificultades para lograr instituciones eficaces, el efecto de las instituciones públicas en la confianza política Y retos y condicionantes institucionales de los ODS.

DESARROLLO

Resumen: La arquitectura institucional y el cumplimiento de la Agenda 2030 en Iberoamérica

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible requiere una arquitectura institucional que facilite su gobernanza y posibilite a los países iberoamericanos fortalecer las capacidades necesarias para cumplir efectivamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un buen diseño institucional es un requisito para el logro de la confianza política y social, de la certidumbre y de la estabilidad democrática. La concepción del Estado y de la Administración como una plataforma en la que interaccionan numerosos actores para lograr el bien común mediante el impulso público, es un elemento esencial del éxito de la Agenda 2030 y sus ODS. Este estudio contempla como base de la fortaleza institucional la combinación entre factores o medios y las funciones administrativas. A partir de aquí, del análisis de los estudios académicos, de la documentación de numerosos organismos y de los Exámenes Voluntarios Nacionales (EVN) de los países iberoamericanos, surgen las siguientes variables a considerar en el diseño de una adecuada arquitectura institucional: liderazgo efectivo, mecanismos institucionales, capacidad institucional, relaciones intergubernamentales y participación/comunicación, que se han desglosado en varias dimensiones. La investigación realiza una serie de propuestas de mejora de la arquitectura institucional para el cumplimiento de la Agenda 2030 en Iberoamérica. En el liderazgo resulta determinante que el impulso de la Agenda 2030 corresponda a un organismo que posea poderes efectivos de coordinación o de planificación sobre las instituciones gubernamentales y territoriales implicadas. Es preciso hacer un esfuerzo en la simplificación orgánica, en la integración de los ODS en los mecanismos de planificación nacional y en la participación efectiva de los actores sociales. El factor presupuestario y financiero y la estadística están condicionando la consecución de los ODS en Iberoamérica. La territorialización de los ODS es escasa en Iberoamérica, como también lo son las alianzas regionales y globales. La mejora de los aspectos intergubernamentales y de cooperación debe incluir una revisión de la financiación internacional. Finalmente, es necesario establecer espacios de participación real entre las organizaciones sociales y las empresas y las instituciones públicas.

Palabras clave: Desarrollo Institucional, Capacidad Administrativa, Desarrollo Sostenible, América Latina, España, Portugal.

Abstract: The Institucional Architecture and the Fulfilment of the 2030 Agenda in Iberoamérica

The 2030 Agenda for Sustainable Development requires an institutional architecture that facilitates its governance and enables Iberoamerican countries to strengthen the necessary capacities to effectively meet the Sustainable Development Goals (SDG). A good institutional design is required to achieve political and social confidence, certainty and democratic stability. The conception of the State and the Administration as a platform in which numerous actors interact to achieve the common good by means of the public drive is an essential element for the success of the Agenda 2030 and their SDG. This research contemplates the combination of factors or means and administrative functions as the basis of institutional strength. From here and the analysis of academic studies, documentation of numerous agencies, and Iberoamerican countries Voluntary National Reviews, the following variables arise to be considered in the design of an adequate institutional architecture: effective leadership, institutional mechanisms, institutional capacity, intergovernmental relations and participation / communication, which have been broken down into several dimensions. The research makes a series of proposals to improve the institutional architecture for the fulfilment of the 2030 Agenda in Iberoamerica.It is decisive in leadership to attribute the impulse of the 2030 Agenda to an organism with effective powers of coordination orplanning on territorial and governmental agencies involved. It is necessary to make

an effort in organizational simplification, in the integration of SDG into national planning mechanisms and the effective participation of the social actors. The budgetary and financial factor and statistics are having impact on the SDG in Iberoamerica. The territorialisation of the SDG is scarce, as also the regional and global alliances. The improvement of intergovernmental aspects and cooperation should be completed with a review of the international financing mechanisms. It is necessary to establish actual participation between social organizations and enterprises and public institutions.

Keywords: Institutional Development, Administrative Capability, Sustainable Development, Latin America, Spain, Portugal.

1. Introducción

1.1 La teoría pragmática de la Agenda 2030. La realidad ampliada de lo público

La aprobación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y de los ODS, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 25 de septiembre de 2015, es la culminación de décadas de trabajo conjunto entre los organismos que forman parte del Sistema de Naciones Unidas y los países del mundo (Naciones Unidas, 2015a). Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), desarrollados entre 2000 y 2015, supusieron un paso intermedio, un ensayo, para la construcción de la agenda global. Esta impacta de una manera decisiva en la gestión pública de los países y afecta todas sus políticas públicas al incorporar dos elementos transcendentes: la consecución de un ODS debe hacerse de forma integrada con el resto, para que se pueda alcanzar el éxito, y la acción pública no será eficaz si no es mediante alianzas múltiples entre actores institucionales públicos, los organismos internacionales, las organizaciones sociales y el sector privado. En este planteamiento la arquitectura institucional resulta decisiva para el cumplimiento de los ODS.

La historia enseña que los fenómenos disruptivos no se producen de forma espontánea, sino que responden a una mezcla de evolución del pensamiento, a acontecimientos aparentemente aislados y a la actuación y evolución de las instituciones. En el caso de los ODS lo más sencillo quizá sea pensar que se trata de una versión actualizada y más ambiciosa de los ODM, pero si se amplía la perspectiva se puede ver que se viene produciendo una serie de aportaciones científicas y hechos desde hace algunas décadas que explican su aparición y significado.

Se constata la orientación de la Agenda 2030 a la eficiencia y la eficacia para lograr los objetivos y las metas; a centrarse en los resultados y en la medición, contraste y evaluación; a la creación de un diseño institucional flexible, ágil y adaptable a los retos fijados y a los que vayan surgiendo; a la necesidad de activar a los ciudadanos frente a los poderes públicos; a la transparencia y a las alianzas o “partenariados” público-privados. Todos estos conceptos se encuentran en las distintas corrientes de la nueva gestión pública (NGP) (García Sánchez, 2007; Meneguzzo, 1997).

Junto a esta visión se encuentra que el resultado de la acción pública se debe a la interacción entre el Gobierno y la sociedad civil, a la consideración del comportamiento y las emociones, al esfuerzo de una multiplicidad de actores comprometidos con el bien común que desempeñan distintos papeles dependiendo de la red y de los intereses en juego, incluidos el Estado y sus Administraciones públicas. Esta orientación se debe a corrientes como la nueva gobernanza pública, el gobierno holístico, integral o interrelacionar, las redes de actores o la innovación social. Esta última, por ejemplo, aboga por la creación de estructuras formales de interacción y colaboración entre actores públicos y privados (Börzel, 1997; Christensen y Laegreid, 2012; Robinson, 2015; Arenilla, 2017). La Agenda 2030 toma de estos enfoques una visión integral, indivisible e interrelacionar de los ODS.

Estas dos corrientes no logran otorgar un papel preciso al Estado ni a la Administración pública, ya que les asigna una función meramente coordinadora o incluso residual. Por el contrario, el enfoque del Estado neoweberiano reafirma su función como el principal facilitador de soluciones a los grandes problemas sociales y, fundamentalmente, considera a la democracia representativa como elemento central de la legitimidad del aparato del Estado (Larrouqué, 2018). Se precisa la intervención activa del Estado para extender lo que se acuerde y velar por que se garanticen los derechos y libertades de todos los ciudadanos; para que los acuerdos alcanzados se lleven muchas veces a buen término y tengan legitimidad; para promover de una manera armónica y justa el bien común. Así, los ODS no pueden alcanzarse sin el compromiso de los Estados, sin la creación de una adecuada articulación territorial y funcional, y sin el establecimiento de alianzas nacionales, regionales y globales fuertes.

La aportación de los enfoques teóricos anteriores a la Agenda 2030 se ve completada por los avances experimentados en la gestión pública y su articulación progresiva en redes intrincadas de actores. A esto hay que añadir la irrupción digital, que puede funcionar en muchos casos como acelerador de las soluciones tradicionales aplicadas a las políticas públicas mediante el uso masivo de datos, de las redes sociales y de la aplicación de la inteligencia artificial. En este sentido, el Marco Iberoamericano de Interoperabilidad [1] (MII) está generando grandes oportunidades.

Las soluciones digitales pueden contribuir directamente a todos los ODS y a más del 50 por ciento de las 169 metas. De hecho, el desarrollo de las TIC está muy relacionado con el avance más rápido y eficiente de los ODS, especialmente en los objetivos 3 (salud y bienestar) y 4 (educación), y puede acelerar el 9 (industria, innovación e infraestructura) y el 7 (energía asequible y no contaminante). Esto sugiere que las TIC son un indicador relevante para el desarrollo sostenible (Huawei, 2018: 2 y 10).

Se llega la Agenda 2030, como puede rastrearse en numerosos documentos previos de la ONU (Naciones Unidas, 2014), con una realidad ampliada de lo público que ya no puede equiparse más a lo estatal o administrativo, con el reconocimiento de que la universalidad y omnipotencia del Estado y su Administración plasmadas a principios del siglo XIX como herencia de la Ilustración no pueden ser ya un referente central de actuación. Como les sucede también a los grandes actores sociales y económicos, los objetivos de la Administración solo se pueden alcanzar en compañía y en alianza “con otros”. También se llega la Agenda 2030 con el convencimiento de la necesidad de instituciones públicas fuertes y capaces para lograr los objetivos globales.

A partir de su aprobación la Agenda 2030 es lo que los países y los organismos internacionales están realizando para su implementación. Su construcción a escala nacional, regional y global representa una novedad en la agenda pública al incluir objetivos, metas, indicadores comunes y un plazo determinado. Su éxito requiere un avance armónico impulsado desde diferentes núcleos públicos, privados y sociales en el que los organismos internacionales especializados están teniendo un papel importante, no solo los que pertenecen al Sistema de Naciones Unidas, como por ejemplo el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

Tras 47 años, para los 23 países iberoamericanos que lo componen, el CLAD se ha convertido en el referente de los procesos de mejora continua de la gestión pública y en la consecución de políticas públicas justas, sostenibles y comprometidas con la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo económico y social. Es decir, su misión se corresponde con el núcleo duro que facilita la capacidad institucional y la gobernanza que condicionan la fortaleza institucional de los países que lo integran. Lo logra mediante la promoción del intercambio de experiencias y conocimientos, asesoría técnica, transferencia de innovaciones, prestación de servicios de documentación e información y fomento de la investigación, la capacitación y la formación de los empleados públicos de la región. Para ello los países que lo componen acuerdan declaraciones, consensos, cartas y códigos que han servido para reformar el servicio civil y las Administraciones públicas a ambos lados del Atlántico [2].

El CLAD asumió desde el primer momento el compromiso de cumplir con la Agenda 2030 y los ODS y vio que significaban una buena oportunidad para revitalizar su misión. Los ODS se presentan también como la posibilidad de renovar su arquitectura institucional y de transcender y articular el discurso de su actividad. A ello ha dedicado numerosos encuentros y declaraciones y ha sido el lema central de sus últimos congresos, en los que viene dedicando un área central a los ODS. Desde hace tres años ha promovido la reflexión sobre cómo hacer viable la implementación de los ODS en la región mediante el fortalecimiento de sus Administraciones públicas, al entender que este aspecto es una condición necesaria para llegar con éxito a 2030 (Arenilla, 2018).

1.2 NUEVOS TÉRMINOS Y SIGNIFICADOS

La agenda pública global se ha ido enriqueciendo con nuevos términos y ha ampliado el significado de viejos conocidos. De esta manera, la gobernanza pública [3] se entiende como interacción entre el sector público, el sector privado y el sector no lucrativo para lograr los objetivos de las políticas públicas (Bouckaert, Loretan y Troupin, 2016) y, por tanto, de los ODS. La participación entre actores de estos sectores es en pie de igualdad, salvando lo señalado anteriormente sobre la función reservada al Estado; el sector privado y el social intervienen en la coproducción en muchos servicios públicos; la financiación público-privada se vincula a la sostenibilidad de los productos públicos; la coordinación y la integración de objetivos y metas son requisitos determinantes de la capacidad institucional cuya construcción se reconoce necesaria por la ONU (Kwame, J. ...[et al], 2016).

Se entiende por capacidad institucional el conjunto de habilidades, recursos técnicos, logísticos, humanos o financieros que permiten responder a las organizaciones a los desafíos del entorno y desempeñar sus funciones de manera eficaz, efectiva y sostenible. El grado de desarrollo de la capacidad institucional condiciona o determina el rendimiento de las instituciones y sus posibilidades de innovar. En la actualidad, hay que tomar una clara conciencia de que son necesarias nuevas capacidades institucionales y personales para afrontar las demandas y necesidades, empezando por una revisión de los valores en las organizaciones y por una adaptación acelerada a la revolución digital. La actuación pública debe orientarse a los valores de inclusión, diversidad, representatividad y al trabajo en equipo y en coalición con actores de todo tipo. Por su parte, la asimilación digital implica la utilización de herramientas y tendencias digitales como acelerantes de las soluciones y perspectivas más habitualmente usadas en las políticas públicas (Arenilla, 2018: 113-117).

Un punto fuerte de la Agenda 2030 es el significado y la potencialidad integradora y de rendimiento del concepto de alianza. Su origen se encuentra en la alianza mundial para el desarrollo de finales de los años 60 del siglo pasado y su evolución hace que se incluya a todo tipo de actores para lograr la construcción conjunta de soluciones, lo que hace posible la formulación de los ODM y posteriormente de los ODS.

Otro principio que aporta la Agenda 2030 es el de coherencia, que proviene del enfoque holístico de gobierno, que se basa a su vez en tres principios: universalidad (para el conjunto de la humanidad), integración (armonización social, económica y medioambiental) y “no dejar a nadie atrás” (orientación ética). El valor de esta coherencia es que la acción en pos de los ODS debe centrarse en las personas. Sin duda, la coherencia supone un gran reto para muchos países, y no solo los que están en una fase incipiente o intermedia de desarrollo.

La Agenda 2030 mueve a la revisión de las prioridades sociales y de las políticas públicas, también de los fines que se pretenden alcanzar, así como llama a la acción de quienes tienen que intervenir en su consecución. El desarrollo sostenible define un imperativo moral de transformación humana que deviene en una guía de pensamiento y conducta para las naciones, para los gobiernos, para las organizaciones sociales y para las personas (Cajas, 2018: 2). Además, orienta la actuación de la humanidad a la consecución efectiva de los derechos humanos.

Ligado al concepto de coherencia está el de integración. El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas creyó de forma temprana que el cumplimiento de los ODS requiere un enfoque que los integre, de tal manera que se entiende que no puede avanzarse en un objetivo sin la interrelación y la consecución de los demás. Una variante significativa de las políticas integradas son las políticas integradoras, que ponen el énfasis en el propósito a alcanzar. El punto de partida es que está en juego la reconstrucción de la confianza de los ciudadanos y la mejora de la eficacia de las políticas. Los ODS son una oportunidad para lograr una agenda integradora y que genere la transformación de la manera que hoy se entienden las políticas públicas. Para ello hay que contar con una arquitectura institucional eficaz. Esto implica modificar los procesos, las estructuras y los intervinientes en la adopción de las decisiones públicas para evitar los sesgos actuales producidos por la falta de diversidad y de representación.

2. Las dificultades para construir instituciones eficaces

La arquitectura institucional refleja la estructura organizativa y de funcionamiento del gobierno y cómo sus integrantes se relacionan y transmiten información y conocimiento entre sí y con otros agentes, estableciendo vínculos de responsabilidad o de otro tipo para alcanzar las metas establecidas. En el caso de las organizaciones públicas condiciona el cumplimiento de los objetivos y el pensamiento y las actuaciones de quienes toman las decisiones políticas, a la vez que influye en la confianza política.

La arquitectura institucional comprende los elementos de la gobernanza e integra la capacidad institucional, actuando en diversos niveles: en el de la relación estratégica entre la gobernanza, la financiación y la rendición de cuentas; en la estructura organizativa y su formalización; en la articulación entre los órganos de carácter ejecutivo y deliberante; y en las interacciones institucionales y entre agentes públicos, sociales y privados.

La necesidad de un marco institucional fuerte y seguro se considera una condición necesaria, por la ONU y la OCDE, para generar confianza y legitimidad en las organizaciones públicas, así como confianza política. Unas instituciones estables generan certidumbre y estabilidad política, social y económica entre los actores para que inviertan en las habilidades, tecnologías y organizaciones que son adecuadas para esas instituciones.

Los informes de las Naciones Unidas y de la OCDE destacan la importancia del aspecto institucional como clave para organizar y conseguir las políticas públicas. En particular, señalan la relevancia del diseño de políticas y de los centros de gobierno (CdG), esto es de la estructura administrativa de apoyo al presidente o al primer ministro y al gabinete o consejo de ministros. Además, subrayan que se requiere “invertir en confianza” para lo que hay que reforzar el capital social y contar con un liderazgo político que se cimente en una cultura democrática que integre el conocimiento y los recursos de los sectores público, social y privado y de los ciudadanos individuales, esto es, la arquitectura institucional debe crear alianzas estables tal y como propone la Agenda 2030 en su ODS 17. Por su parte, la participación debe ser ampliamente diversa para evitar las políticas sesgadas, lo que obliga a un diseño institucional adecuado (Naciones Unidas, 2018c: 20; OCDE, 2014: 37 y ss.; OCDE, 2016: 70-71; OCDE, 2018: 65).

2.1 El efecto de las instituciones públicas en la confianza política

Hoy pocos dudan que las instituciones públicas influyen en los procesos políticos, en el crecimiento económico, en la estabilidad democrática y en el buen gobierno. Las instituciones, entendidas en un sentido amplio, son las reglas y procedimientos que restringen y permiten el comportamiento político, económico y social, hacen referencia a las reglas de juego, en tanto que las organizaciones lo hacen a los jugadores (North, 1990: 4-5).

Las instituciones públicas son un factor determinante para lograr la confianza, para reducir la complejidad social y para generar certidumbre política, económica e internacional en los Estados y sus responsables. Así, se ha podido comprobar en las últimas décadas en América Latina cómo las instituciones públicas pueden influir en el proceso político y en la estabilización democrática de las sociedades. Claro que esto se refiere a instituciones fuertes y efectivas y no meramente formales o sin medios suficientes. Esto es, instituciones que están arraigadas, que implantan reglas estables que se cumplen y que pueden imponerlas al resto de los actores, que crean redes de políticas estables comprometidas con el bien común sin corrupción y, en fin, que facilitan la estabilidad política y la adaptabilidad a los cambios que se vayan sucediendo (Spiller y Tommasi, 2007; Levitsky y Murillo, 2010: 33; OCDE, 2016: 16; Acemoglu y Robinson, 2014).

La arquitectura institucional condiciona la fortaleza institucional y, a partir de aquí, la satisfacción con la democracia -vinculada a las instituciones y a las políticas públicas-, que se conecta con la confianza social a través de la satisfacción con la vida. El indicador más importante para predecir la confianza social es la confianza política, que se refiere a una valoración positiva respecto de la credibilidad, la justicia, la competencia y la transparencia del Gobierno y su actuación -para algunos enfoques-, o de la corrupción, la percepción de justicia, el desempeño macroeconómico, las instituciones electorales y la socialización política -para otros-; a los que otros añaden la calidad de los servicios, el nivel de escolaridad y la esperanza de vida (Montero ...[et al], 2008: 20-21 y 48; Van der Meer, 2017; OCDE, 2014: 39; Morales ...[et al], 2018: 16 y 23). Finalmente, la confianza democrática en las instituciones confiere legitimidad y mayor probabilidad de aceptación social y a la postre de obediencia al orden constituido, que es de lo que se trata en política (Gomá, 2016: 116-117; Schyns y Koop, 2010).

Desde la perspectiva que se está manejando, la acción del Estado, su imparcialidad, su desempeño, la calidad de las normas legales y las variables que determinan la efectividad y la fortaleza institucional, juegan un papel relevante en la confianza social [4]. Estas variables también condicionan la confianza en las instituciones políticas (Fernández, 2017; Rothstein y Stolle, 2007; Freitag, 2003).

Así, la dotación y el rendimiento positivo de los elementos que generan la fortaleza y la capacidad institucional se convierten en algunos de los principales retos del Estado y de su Administración pública, especialmente en los países emergentes donde la debilidad institucional se relaciona con la informalidad, la ilegalidad y la corrupción (Sampó, 2004; Rice y Stewart, 2008) y afecta a la legitimidad institucional y al funcionamiento y aceptación de la democracia por los ciudadanos.

A la vista de lo anterior, puede determinarse que los principales atributos relacionados con la confianza gubernamental que están vinculados con la arquitectura institucional son: la existencia de reglas estables efectivas, la resiliencia, la competencia, la imparcialidad, la transparencia, la calidad de los servicios, el desempeño del gobierno, la confianza en los funcionarios, la justicia y la apertura ante puntos de vista distintos. En el caso de la confianza en la Administración pública, además de afectarle directamente los atributos anteriores como parte del sistema político-administrativo, requiere que sea percibida también como eficaz y representativa (Bouckaert, 2012; Sztompka, 1999; Easton, 1965), con el fin de ayudar a reducir los costes de transacción en cualquier tipo de relación económica, social o política (Fukuyama, 1995). De esta manera, puede aumentar la eficacia y eficiencia de la actuación administrativa, ya que facilita la cooperación entre los ciudadanos y las organizaciones privadas, así como de la sociedad y los burócratas (Putnam, 1993).

Hay que advertir que la eficacia en la Administración es una condición necesaria para obtener la adhesión ciudadana pero no suficiente, ya que se precisa actuar en el ámbito político, en el de la democracia operativa en la que obran los valores, creencias y comportamientos de los políticos y los anhelos y esperanzas de los ciudadanos en una sociedad mejor y en su futuro (Arenilla, 2003).

2.2 Retos y condicionantes institucionales de los ODS

En Latinoamérica y el Caribe los retos más importantes son la reducción de las desigualdades (ODS 10) y paz, justicia e instituciones fuertes (ODS 16). Es en este objetivo, intensamente interrelacionar con el resto, en el que residen principalmente los elementos que determinan la fortaleza institucional, junto con el ODS 17. A estas debilidades hay que añadir en algunos países: salud y bienestar (ODS 3), industria, innovación e infraestructura (ODS 9) y vida submarina (ODS 14). En general, la región ha progresado en promover la igualdad de género y se observa un estancamiento en los últimos cinco años en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Esta es más evidente si se introducen las categorías de ingreso, sexo o raza. En otros indicadores la tendencia ha sido desfavorable, como en el caso de la violencia que debilita la convivencia social y la confianza en la democracia. Finalmente, en el caso de la acción por el clima (ODS 13) en muchos países se ha producido una regresión o un estancamiento (Naciones Unidas, 2019: 10; Sachs ...[et al], 2018: viii, 13).

A estos retos se añaden los desafíos provenientes de la revolución tecnológica que deben abordarse cerrando las brechas que crea, que se ven ahondadas por las rivalidades hegemónicas y la transformación productiva y del empleo. Esto se puede lograr mediante un sistema comercial abierto y equilibrado, la difusión de tecnología y la libre circulación de personas e ideas (Naciones Unidas, 2019: 38).

Otro desafío no resuelto es que el crecimiento económico en Latinoamérica no siempre se ha correspondido con la mejora de la institucionalidad pública, aunque se observan claros avances en la profesionalización de la función pública, en la orientación a la eficacia y la eficiencia o en la planificación (CEPAL, 2014). La actual contracción del ciclo expansivo pone en riesgo la institucionalidad y la sostenibilidad del bienestar (CAF, 2017; Latino barómetro, 2016: 4). En fin, los análisis efectuados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), concluyen en la necesidad de un Estado que asuma efectivamente su responsabilidad con la participación activa de la sociedad y del sector privado para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible que favorezca la estabilidad, el crecimiento y la innovación (Acemoğlu y Robinson, 2014). Esto supone considerar al Estado como una plataforma en la que actúan de forma variable los más diversos actores con el fin de promover y lograr el bien común mediante el impulso público.

Si se considera que la arquitectura institucional condiciona la gobernanza del Estado y de su Administración, su capacidad funcional y su rendimiento y la confianza política y social, podemos acordar que una buena parte del éxito de la puesta en marcha de un programa, una estrategia o una política pública y su consideración como fiable, esto es consistente y predecible, depende de la conformación y articulación de los elementos que integren la arquitectura institucional (OCDE, 2014: 50).

En el caso de la implementación de la Agenda 2030, se puede plantear como hipótesis que un factor determinante del desarrollo de los ODS es el diseño de una arquitectura institucional fuerte e integradora, tanto en el plano organizativo público como en el social y empresarial que permita arreglos institucionales con los actores con el fin de potenciarlos y promover el conocimiento, el aprendizaje y la innovación. A esto hay que añadir la necesaria incorporación de los ODS al marco institucional de cada país (Naciones Unidas, 2018c: 20) y muy especialmente a su planificación estratégica y presupuestaria, como marcos en los que los gestores públicos rinden cuentas de sus resultados y del impacto de sus políticas.

Las tipologías más utilizadas sobre la fortaleza institucional no suelen contemplar la combinación entre factores o medios y las funciones administrativas (Kaufmann, Kraay y Mastruzzi: 2010) [5]. Se orientan a una definición de gobernanza que no contempla suficientemente la organización del aparato público ni su capacidad relacional con otras instituciones públicas, privadas y sociales, más allá de lo que denominan efectividad gubernamental [6] (World Bank, 2019).

La capacidad y la fortaleza institucional dependen en buena medida de una adecuada combinación de los medios financieros y presupuestarios, de los procedimientos de gestión, de las tecnologías y sistemas de información y comunicación, de los recursos humanos y del diseño orgánico con las funciones administrativas de regulación y control, del apoyo a la toma de decisiones, de la ejecución y del mantenimiento que se articulan a partir de la decisión política. De esta manera, la adecuada combinación de los factores y las funciones administrativas es la base de la capacidad institucional y de la gobernanza, determina el rendimiento de las Administraciones y de sus políticas, afecta su posibilidad de éxito y, finalmente, condiciona la fortaleza institucional.

En definitiva, el diseño de instituciones fuertes y su consecución favorecen el desarrollo económico y social, la capacidad e iniciativa de los ciudadanos, el capital social, la viabilidad de la acción pública y su rendimiento, el fortalecimiento democrático, la confianza política y social y la legitimidad institucional. En este artículo se va a avanzar en la relación existente entre la arquitectura institucional y la implementación de la Agenda 2030 y los ODS, prestando atención a las funciones y factores administrativos que determinan la capacidad y la fortaleza institucional.

3. Las variables de la arquitectura institucional

El análisis detallado de los Exámenes Nacionales Voluntarios (ENV) de los países iberoamericanos, presentados ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, muestra la desigualdad en los niveles de institucionalización (Sachs …[et al], 2018: 2-3) y que la consideración de las variables relevantes en materia de fortaleza y arquitectura institucional no siempre se hallan presentes en los informes de los países o no exponen el mismo nivel de detalle y profundidad[7]. Esto sucede a pesar de que existen directrices comunes para la presentación de los EVN, propuestas por el secretario general de la ONU, así como un manual detallado [8].

Lo que sigue es el análisis de las variables más significativas que integran la arquitectura institucional y que determinan la fortaleza institucional, que se han delimitado a partir de los elementos que se han identificado en las páginas anteriores: liderazgo efectivo, mecanismos institucionales, capacidad institucional, relaciones intergubernamentales y participación/comunicación (ver Tabla 1). La información se ha obtenido de los ENV de los países iberoamericanos presentados hasta 2018 inclusive, de numerosos documentos oficiales y de las webs institucionales sobre la Agenda 2030 de los distintos países, organismos internacionales y otras organizaciones. A partir del análisis se realizará una serie de propuestas para el mejor cumplimiento de la Agenda 2030.

Fuente de:

Manuel Arenilla Sáez manuel.arenilla@urjc.es

Universidad Rey Juan Carlos, España

Revista del CLAD Reforma y Democracia, núm. 75, 2019

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo

CONCLUSIÓN

Al terminar de abordar este documento, les quiero resaltar que, el punto principal es la conformación de esta arquitectura en el gobierno central para que se logren los ODS y se tome conciencia, también el concepto arquitectura del sector público, también teorías sobre la agenda 2030, así como, términos y significados nuevos, dificultades para lograr instituciones eficaces, el efecto de las instituciones públicas en la confianza política Y retos y condicionantes institucionales de los ODS. Todo esto son temas de mucha importancia para el cumplimiento de la agenda 2030. La idea primordial es la conformación de un equipo eficiente y comprometido.

Les sugiero que luego de haber recorrido este documento la actitud sea pesando en el bien común y no en lo personal, ya que todos tenemos los mismos derechos.

Mi valoración personal sobre la arquitectura y el funcionamiento institucional en la gestión y el desempeño del sector educativo para el logro de los ODS"

Luego de haber leído el documento de la arquitectura y el funcionamiento institucional en la gestión y el desempeño del sector educativo para el logro de los ODS, MI OPINIÓN PERSONAL, considero es una buena iniciativa esta conformación en los gobiernos, porque es trabajo en conjunto y la Agenda 2030 requiere de una arquitectura institucional y significa, es decir, un diseño institucional para lograr una buena gobernanza y unas posibilidades para que los países iberoamericanos fortalezcan capacidades para cumplir con los ODS. Pues con este diseño se secuencia fortalezas institucionales, la combinación entre factores, las funciones administrativas.